Autor: Víctor Fernández González.
Magistrado en excedencia especialista en asuntos propios de lo mercantil, Socio Lexaudit Concursal SLP

¿Quedamos a cenar esta noche?, ¿te apetece ir al cine?, ¿organizamos un fin de semana? Éstas y muchas más que se nos pueden venir a la mente eran preguntas habituales en nuestra sociedad hasta no hace mucho tiempo.

Pero, sobre todo, volverán a ser usuales en un tiempo futuro. No me cabe la menor duda. El problema es que se desconoce cuánto tiempo deberá transcurrir para alcanzar esa normalidad.

Cualquiera de nosotros, en su particular mundo de confinamiento, a lo largo de algún momento de los eternos días que estamos pasando, se representa ese futuro que está por llegar. Una representación que, en la mayor parte de los casos, se revela como negativo; peor que el previo al estado de alarma que vivimos.

Cabe recordar que, en este mismo siglo, hemos sufrido las consecuencias de una crisis. Y que la esperanza en un final cercano y sin secuelas se ofrecía como elemento común a ambas. Pero de la crisis del 2008 ya podemos afirmar que la salida no fue ni temprana ni satisfactoria. De hecho, todo el mundo confirma que ahora que empezábamos a “ver la luz”, volvemos a las tinieblas.

Me siento como el olmo retratado en el poema del maestro Machado:

Al olmo viejo, hendido por el rayo

Y en su mitad podrido.

Con las lluvias de abril y el sol de mayo

algunas hojas verdes le han salido.

Ahora que empezábamos a salir del agujero, ahora que veíamos esos brotes verdes tras la tormenta, nos llega el leñador con su hacha para derribarnos. Y la perspectiva es que podemos acabar consumidos en el hogar de cualquier chimenea.

Es difícil ser positivos en los tiempos que corren. Lo más sencillo es pensar que acabaremos como ascuas en el fondo de una chimenea, esperando a que nos consumamos poco a poco. Y más aún cuando los que deberían gestionar la crisis que vivimos no paran de provocar una inseguridad total en todas sus decisiones, fruto de la improvisación, de la ausencia de información, de la falta total de control; o lo que es peor, de la sensación de estar inmersos en un cruce de oscuros intereses que pretenden derribar el sistema constitucional por el que todos hemos luchado.

Si don Quijote hubiera hecho caso y hubiera escuchado a su fiel Sancho, no habría cometido la locura de enfrentarse a unos gigantes inexistentes, que le derrotaron por la fuerza natural de los brazos de unos molinos de viento. Y sobre todo se hubiera evitado la consabida paliza.

Cabe pensar que nuestros gobernantes, desde su posición hidalga, podrían y deberían haber escuchado la voz y el consejo de esos escuderos, que, queriéndoles bien, veían el peligro real de enfrentarse a unos males incipientes que se acercaban y que amenazaban con golpear de forma inmisericorde. De ahí los consejos que ofrecían y que nadie quiso escuchar. La locura de mantenerse en el poder, de poder avanzar un su propio proyecto, de culminar sus afanes, les llevó a obviar lo que todos ellos que les rodeaban y que entendían, les recomendaban.

Pero la locura del ilustre hidalgo que le llevó a su desastre, procedía de la fantasía que le provocaba la desaforada lectura de los libros de caballería, de las batallas, desafíos, amores, tormentas y encantamientos. En cambio, la locura de nuestros gobernantes procede de la ceguera que provoca la erótica del poder, el ansia de figurar, de querer pasar a la historia. O, mejor dicho, de pasar a la gloria de su propia historia.

Esa ceguera es lo que realmente nos debe preocupar, porque la paliza que recibió don Quijote nos la vamos a llevar todos nosotros a cuenta de la “locura” de los que nos gobiernan.

Pensaba que la “locura” de emplear el BOE como remedio para acabar con los problemas de las crisis era una cosa del pasado. Todos recordamos con pavor el hecho de tener que acudir a la página del boletín a diario para saber si teníamos que volver a empezar a estudiar el maravilloso mundo del derecho concursal. Si cabe, el peor día de la semana era el sábado, fecha escogida por el legislador para facilitarnos dulce lectura concursal de fin de semana.

El “parcheo legislativo” se implementó como fórmula habitual para tratar de solventar problemas que debían arreglarse mediante otras fórmulas. El poder del boletín oficial del Estado se instauró en mitad del caos y acrecentó la crisis. De nada servía que la norma que se recogía un día fuera aplicada en su recto sentido por los operadores jurídicos, porque las influencias de esos poderes fácticos en la sombra obligaban a corregir la senda señalada.

Quedaba atrás esa liturgia legislativa decimonónica en que las normas eran fruto de un proceso reflexivo, consensuado con vocación de universalidad y de permanencia. Sentíamos envidia de rememorar esos grandes textos legales que vieron la luz al final del siglo XIX. En cambio, ahora “disfrutábamos” de la alegre lectura de normas inconexas que nacían con vocación de defunción.

Todos pensamos que con el retorno a la “normalidad”, con la superación de la crisis económica, habríamos aprendido la lección y estaríamos preparados para lo que pudiera venir en los sucesivo. Pensábamos que las lecturas sabatinas del BOE se podían dar por finalizadas y que era el momento de empezar a mirar hacia el futuro reconstruyendo el tejido empresarial, la sociedad, las instituciones. Creíamos, de buena fe, que era el tiempo para mejorar el sistema, las “herramientas jurídicas”, la normativa. Pensábamos que era el momento ideal para traer a la luz ese texto refundido tan demandado que permitiría afrontar la trasposición de la directiva de insolvencias. Se habían producido unas sinergias que nos prometían alcanzar ese objetivo.

Qué errados estábamos. A las primeras de cambio, vuelta a la casilla de salida.

La crisis del COVID-19 vuelve a poner de manifiesto la inoperancia del sistema, la crisis del mismo, que todo era un espejismo, que vivíamos engañados y que nos estábamos engañando a nosotros mismos. Pensábamos que todo estaba evolucionando hacia un mundo mejor, hacia una mejor justicia, a una modernización de este poder del Estado, a mejorar la respuesta que cada ciudadano demanda de sus instituciones. Qué equivocados estábamos.

Mientras que lo que queda del sector privado “seguía su marcha”, se adaptaba a las nuevas necesidades, implementando nuevas fórmulas de trabajo, la administración de justicia cerraba a “cal y canto”; los juzgados se paralizan, cerraron sus puertas por fuera y por dentro y todos los expedientes vuelven a descansar en los armarios para coger el polvo de la tranquilidad, de la desidia, de la inoperancia. Es cierto que existía una ventana abierta, la de los asuntos urgentes, pero hasta en este aspecto el conflicto estaba servido.

Solo el buen hacer, la profesionalidad y disposición de los jueces, letrados de la administración de justicia y funcionarios, han permitido atender de forma racional esa anormalidad. Y seguro que de todos es conocido que a la vuelta del estado de alarma nos encontraremos con infinidad de resoluciones que los jueces y letrados de la administración de justicia han ido trabajando en silencio durante este tiempo de confinamiento.

Pero todo eso durante el cierre de la administración de justicia.

No se puede explicar de ninguna forma la inacción de los poderes públicos (el Ministerio de Justicia, las Comunidades Autónomas y el Consejo General del Poder Judicial), que han permitido que, tras un mes y medio de confinamiento, todavía nos estemos planteando la forma de volver a trabajar en los juzgados.

Creo que es lícito que nos preguntemos qué hubiera sucedido si, adoptando las oportunas medidas de protección, de trabajo telemático, de regulación de turnos, los juzgados hubieran continuado trabajando los numerosos expedientes que duermen en sus estantes. Y todo eso sin entrar en el aspecto monetario del gasto que ha supuesto para las arcas del Estado tener que desembolsar los salarios de tantos y tantos funcionarios que han permanecido inactivos por la falta de la previsión y acción de las administraciones competentes.

Pese a las innumerables peticiones, quejas o consultas, la única respuesta que hemos obtenido los operadores jurídicos es la utilización desaforada del BOE. Se repite la misma mecánica de trabajo que con la crisis del 2008.

Baste recordar que desde el 14 de marzo de 2020 en que se dicta el Real Decreto 463/2020 por el que se acuerda el Estado de Alarma, se han dictado numerosísimas disposiciones de toda índole. Especialmente quiero destacar la utilización de los Reales Decretos Ley, donde podemos constatar que hasta el 29 de abril de 2020 se han dictado 9 de ellos, del 8/2020 hasta el 16/2020.

No vamos a analizar todos y cada uno de ellos (que supondría el fallecimiento por agotamiento de muchos de nosotros), sino quiero destacar la técnica empleada de continuo “parcheo” de la crisis. Y más aún de la última norma dictada, el referido Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de marzo de 2020.

Cambiar las normas, modificarlas o introducir cambios es necesario para adaptarse a la realidad social económica que corresponda a cada etapa histórica. Solo hay que demandar que esos cambios normativos se hagan con sentido de estado, con consenso de las instituciones, con espíritu constructivo, con voluntad de solventar los problemas ahora y del futuro. Cualquier norma bien hecha tiene que adecuarse a los parámetros de universalidad (para todos) y atemporalidad (para cualquier momento), evitando el cortoplacismo y el servilismo de ciertos lobbies de intereses.

Las normas que se están dictando durante este periodo tan especial, relacionadas con el COVID-19, adolecen de la debida reflexión, pero sobre todo del consenso de los afectados e interesados. Y qué decir de su redacción.

Prueba evidente de lo que acabo de exponer son los numerosísimos encuentros en la red (los llamados webinar) que se suceden todos los días, tratando de analizar y reflexionar sobre las novedades legislativas derivadas del COVID-19. En todos ellos se trata de analizar las novedades que surgen de las normas, pero, sobre todo, lo que más llama la atención son las continúas discusiones acerca de la constitucionalidad de ciertos preceptos, de la conveniencia temporal de las mismas, de la deficiente redacción de las normas que confunden instituciones, creando serios problemas interpretativos. Y qué podemos decir de los elementos temporales, de la vigencia de las diferentes medidas; resulta un caos que nos va a conducir a que, gran parte de ellas, estando previstas para los tiempos de pandemia, vayan a extrapolarse en el tiempo mucho más allá de la situación que las generó. Quién sabe si hasta la siguiente pandemia o crisis que Dios quiera que no lleguen.

Queda claro que esta situación contraviene el ideario que Platón refería al destacar que “Ninguna ley u ordenanza es más poderosa que el entendimiento”.

Reitero que las normas deben adaptarse y modificarse con el sentido de los tiempos, pero deben ir acompañadas de otras medidas igualmente relevantes. ¿De qué sirve tener el mejor motor si no dispongo de un chasis con ruedas y volante en el que instalarlo y demostrar su potencial?

Todas estas nuevas medidas resultan improductivas si no se disponen de los medios materiales y personales necesarios y debidamente preparados para ponerlas en práctica.

De nuevo, volviendo a reproducir los mismos fallos que en la anterior crisis económica, se vuelve a penalizar a la administración de justicia tratando de superar la crisis sin la necesaria inversión en medios. Y no me refiero solo a la creación de nuevas unidades judiciales (que por supuesto es una reclamación histórica que nunca ha sido debidamente atendida), a la aportación de medidas de protección de los funcionarios, sino a la reestructuración de la justicia para hacerla más eficiente, con reformas estructurales en la que poder aprovechar la totalidad de los recursos de que se dispone.

Quizá en los momentos de estado de alarma no sea el instante más adecuado, pero no por ello no podemos dejar de clamar sobre la reforma que siempre se ha propuesto por todos los sectores profesionales que intervienen en la administración de justicia y que, bajo argumentos de toda índole, por todos los gobiernos de todos los signos habidos, siempre se ha eludido con criterios y argumentos vacuos y dispares.

Ya lo decía Montesquieu “Para ser realmente grande, hay que estar con la gente, no por encima de ella”. En los tiempos que nos toca vivir ahora, queda claro que esa grandeza dista años luz de ser una realidad, porque los ciudadanos nos vemos hundidos por unos poderes que están muy lejos de estar con la gente. La sensación es que están con ellos mismos y al margen de la realidad de los demás.

Es una realidad insoslayable que la justicia es neutra desde el punto de vista del rédito político, que no aporta ni resta votos, y que por tanto no puede ser objeto de grandes alegatos en la senda de alcanzar el poder. Pero lo que está claro es que una sociedad moderna que aspira a estar a la cabeza de los países desarrollados necesita de una justicia ágil, eficaz y previsible. Una justicia que contribuye a que la economía se mueva, crezca y resulte atractiva para los agentes inversores.  Y eso solo se consigue con la inversión adecuada en medios.

Desafortunadamente, y de nuevo, la pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la crisis de la justicia, la cual, lejos de minorarse con las medidas que se han adoptado, está apunto de acrecentarse en el momento en que se alce la paralización de los tribunales y se ordene la continuación de los procesos.

La guinda a todo este pastel será la publicación del texto refundido. En tiempos de pandemia, de confinamiento, qué mejor solución que la que nos dictará la correspondiente disposición final: “Hale chicos a seguir estudiando que de las inversiones ya me ocuparé”